A voltes amb el contracte d’assegurança de vida

Avui he tingut classe d’Instruments de Tràfic Empresarial a la Facultat de Dret de la UB, on hem estat tractant aquests últims dies sobre el contracte d’assegurança. Avui era el torn d’analitzar l’assegurança de vida i arran de les sempre interessants preguntes que em plantegen els alumnes d’aquest any (no sabeu, alumnes, com motiva el vostre interès per saber més o per entendre el que s’us intenta explicar), he topat amb una sentència (Sentència de l’Audiència Provincial d’Alacant (Secció 9ª) 250/14 de 20/05/2014) que analitza dues qüestions importants pel que fa a aquest tipus de contractes d’assegurances:

1.- Si en el cas concret que coneix l’Audiència Provincial d’Alacant estem davant d’un autèntic contracte d’assegurança mixt (en què el risc assegurat és la supervivència, però també la mort de l’assegurat) o un contracte de dipòsit constituït amb la finalitat d’obtenir una rendibilitat fixa, sense cobrir cap risc. La discussió em sembla prou interessant per compartir-la en aquest espai. L’Audiència falla a favor de considerar que es tracta d’un contracte d’assegurança essencialment per la condició d’entitat asseguradora d’una de les parts contractants. Us deixo l’argumentació tot seguit:

TERCERO.- Calificación jurídica de los contratos litigiosos . El primer motivo del recurso de apelación plantea una cuestión jurídica. Sostiene la apelante que la Juez de Primera Instancia ha incurrido en un error de calificación al declarar probado que doña Rosalia suscribió cuatro contratos de seguro mixto con la compañía ASEVAL. Dichos contratos fueron, en realidad, depósitos constituidos con la finalidad de obtener una rentabilidad fija, ya que no cubren ningún tipo de riesgo. Ésta era la voluntad de las partes -señala la recurrente- al firmar las pólizas y la que debe prevalecer, ya que los contratos son lo que son, y no lo que las partes dicen que son. El motivo no puede prosperar. En realidad, poco se puede añadir a la fundamentación de la sentencia recurrida, que damos por reproducida. Basta con analizar las pólizas presentadas con el escrito de demanda para desechar la calificación jurídica propuesta en el recurso: 4 1º Los contratos se suscriben con ASEGURADORA VALENCIANA S. A., DE SEGUROS Y REASEGUROS (ASEVAL), compañía aseguradora que queda sometida a lo dispuesto por el Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados. El art. 4.1.a) de esta ley prohíbe a las compañías aseguradoras realizar operaciones que carezcan de base técnica actuarial. Es decir, difícilmente se podrá considerar que la intención de las partes fue celebrar una serie de contratos de depósito remunerados con una renta fija cuando una de ellas tenía prohibida la realización de este tipo de operaciones. 2º Tanto en las condiciones generales como en las condiciones particulares de las pólizas se hace referencia, en todo momento, a un contrato de seguro. Se identifica al tomador, al asegurado, a los beneficiarios, se describen las garantías cubiertas (renta mensual vitalicia y fallecimiento por cualquier causa, excepto suicidio en el primer año), se fija el importe de la prima y se acompaña a las mismas un cuestionario de salud (docs. 2 a 5 de la demanda, f. 36 a 51). Se trata, por tanto, de los elementos subjetivos y objetivos propios de un contrato de seguro. 3º No es cierto, como se afirma en el recurso, que falte en los contratos el elemento esencial del riesgo objeto de cobertura. Las pólizas aportadas a autos cubren dos riesgos de la asegurada: su muerte y su superviviencia. De hecho, en el apartado correspondiente a los beneficiarios se distinguen claramente los mismos. Así, en caso de supervivencia se fija como beneficiaria a la propia asegurada. Para el caso de fallecimiento se establecen distintos beneficiarios, dependiendo de cada póliza. En la primera, son sus tres hijos. En las tres pólizas restantes, se nombra únicamente a cada uno de ellos. Resulta evidente, por tanto, que nos encontramos ante un seguro de vida, según se define en el primer párrafo del art. 83 de la Ley de Contrato de Seguro (LCS ): “por el seguro de vida el asegurador se obliga, mediante el cobro de la prima estipulada y dentro de los límites establecidos en la Ley y en el contrato, a satisfacer al beneficiario un capital, una renta u otras prestaciones convenidas, en el caso de muerte o bien de supervivencia del asegurado, o de ambos eventos conjuntamente” . 4º La declaración de la testigo doña Noelia , directora de una sucursal de BANCAJA que emitió la certificación obrante al folio 30 de autos, no desvirtúa lo dicho. La recurrente realiza una interpretación sesgada e interesada de sus manifestaciones para tratar de justificar que los productos contratados eran productos financieros, y no contratos de seguro. Sin embargo, la declaración de la Sra. Noelia no fue clara en este sentido pues manifestó, entre otras cosas, que se trataba de algo parecido a un plazo fijo, pero que no lo era (min. 15:12 de la grabación). De hecho, llegó a reconocer su ignorancia en cuestiones de marcado perfil jurídico cuando fue inquirida al respecto ( “a tanto no llego” , dijo al ser preguntada sobre el rescate de las pólizas: min. 18:27). En todo caso, la naturaleza de los contratos no puede venir determinada por la declaración de esta testigo, sino por el contenido de los pactos consignados en las pólizas, que es elocuentemente definitorio de la existencia de varios seguros mixtos.

2.- La inclusió de les primes al cabdal relicte, al patrimoni hereditari, s’acabin considerant que el contracte objecte d’autos és d’assegurança o no. I sobre aquest punt s’invoca per part de l’Audiència el que ja ha establert el Tribunal Suprem:

CUARTO.- Integración de las primas en el patrimonio hereditario . Señala la apelante que aunque se califiquen los negocios jurídicos litigiosos como contratos de seguro, las primas satisfechas por la tomadora se integran en su patrimonio hereditario, pues así lo determina la STS de 14 de marzo de 2003 . Lo cierto es que la propia cita jurisprudencial empleada por la recurrente basta para desestimar este segundo motivo del recurso, ya que la restitución de las primas al patrimonio del tomador fallecido sólo se contempla por el Tribunal Supremo en caso de que hayan sido satisfechas en fraude de los derechos de los legitimarios, algo que no se ha alegado en el presente litigio y que, por tanto, ha quedado extramuros del debate procesal. En concreto, lo que señala la STS nº 243/2003, de 14 de marzo (rec. nº 4172/1999 ; Pte. Excmo. Sr. Villagómez Rodil) es lo siguiente: “la otra cuestión que plantea el motivo es la referente a si ha de considerarse integrada en la herencia la suma de trece millones de pesetas, correspondiente a seguro de vida que había concertado el causante -titular de la Libreta K-D- con la Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona. En el referido seguro figura como beneficiario su esposa doña Brigida , que fue la que percibió el capital asegurado. La Audiencia incluyó la referida suma en el dinerario a devolver, al estimar que respondía a una operación financiera de depósito para tener acceso a beneficios de tributación. Cualquiera que sean las ventajas fiscales obtenidas o pretendidas y el sistema tributario aplicable a determinados contratos, cuando revisten indudable condición de civiles o mercantiles no pueden resultar desnaturalizados, pues ha de respetarse la voluntad contractual de las partes y reglamentaciones que pactaron. Aquí estamos ante un contrato de seguro de vida sometido a la disciplina de la Ley 50/1980, de 5 de octubre, y hace aplicable el articulo 88 , que hay que relacionar con el 7, en cuanto preserva los 5 derechos de los beneficiarios, al disponer imperativamente que la prestación del asegurador deberá de ser entregada al designado beneficiario, el que dispone a su favor de un derecho propio y autónomo frente al asegurador, al ostentar el crédito condición de estar dotado de primacía. Este crédito del beneficiario se manifiesta prevalente y excluyente respecto a los herederos legítimos del tomador, ya que el referido artículo 88 establece que la prestación ha de serle satisfecha aún contra las reclamaciones de aquellos, a los que sólo les asiste el derecho al reembolso de las primas abonadas por el contratante en fraude de sus derechos. El beneficiario es distinto de los herederos, aunque puedan coincidir y las cantidades que como beneficiario del seguro ha de percibir son de su exclusiva propiedad, y así lo decía el artículo 428 derogado del Código de Comercio , por lo que no se integran en la herencia del causante y, consecuentemente, no responden de sus deudas” . Esta Audiencia Provincial de Alicante ha seguido el mismo criterio, como no podía ser de otra forma, en su sentencia (Sección 6ª) nº 158/2013, de 10 de abril (rollo nº 716/2012; Pte. Ilma. Sra. Caturla Juan): “en el presente caso es evidente, a la vista de las prestaciones garantizadas por el contrato referido, estamos ante un contrato mixto de renta vitalicia y seguro de vida, en el que el riesgo en el primero es “la vida” de la tomadora del seguro; y en el segundo el riesgo cubierto es “la muerte” de la tomadora del seguro , de forma que la indemnización o capital corresponde percibirla a quien el tomador designe como beneficiario, no a los designados herederos, como resulta de lo dispuesto en el art. 88 de la LCS al disponer que “la prestación del asegurador deberá ser entregada al beneficiario, en cumplimiento del contrato, aun contra las reclamaciones de los herederos legítimos y acreedores de cualquier clase del tomador del seguro. Unos y otros podrán, sin embargo, exigir al beneficiario el reembolso del importe de las primas abonadas por el contratante en fraude de sus derechos”. Como dice la SAP de Valladolid de 16 de julio de 2012 “viene considerándose por el sentir mayoritario de la doctrina científica y jurisprudencial, acerca de la atribución de las prestaciones por seguro de vida, en interpretación de lo prevenido en los arts 85 y 88 de la Ley de Contrato de seguro , Ley 50/80 de 8 de Octubre, las percepciones derivadas de tales prestaciones constituyen un derecho propio, derivado de una relación contractual inter vivos, “iure stipulationis”, que genera un derecho frente al asegurador ajeno al mecanismo de la sucesión hereditaria, estando protegido el beneficiario, con derecho propio e independiente, de todas las posibles reclamaciones de los herederos y acreedores del asegurado, nacido de la autónoma e independiente condición de beneficiario. Concepto diverso del de herederos, aunque puedan coincidir y las cantidades percibidas en tal concepto, son de su exclusiva propiedad por lo que no procede su ingreso en la herencia del causante ni responden de sus deudas ( Sentencias del Tribunal Supremo, Sala 1ª Civil de fecha de 14-3-03, y Sala de lo Social , de fecha de 1-12- 87)”. En consecuencia el importe de 18.000 €, como prima única satisfecha a la contratación, no puede formar parte “ab initio” del activo del caudal relicto, en tanto no se constate que perjudica los derechos legitimarios, pues el importe de la prima solo podrá tomarse en consideración a efectos de comprobar si perjudica la legítima, para en su caso proceder a la oportuna reducción.En el presente caso no solo no se ha practicado prueba dirigida a acreditar dicho perjuicio o fraude en la contratación, ni tan siquiera existe indicio racional de que su suscripción tuviese por objeto sustraer de la masa hereditariatal cantidad para defraudar los derechos legitimarios. En consecuencia, dicha suma no puede ser incluida, lo que conlleva la estimación del recurso planteado. En este mismo sentido se pronuncian las SAP de Valladolid de 16 de Julio de 2012 ya citada, SAP de Madrid de 26 de Octubre de 2012 ” .

 

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