A voltes amb el contracte d’assegurança de vida

Avui he tingut classe d’Instruments de Tràfic Empresarial a la Facultat de Dret de la UB, on hem estat tractant aquests últims dies sobre el contracte d’assegurança. Avui era el torn d’analitzar l’assegurança de vida i arran de les sempre interessants preguntes que em plantegen els alumnes d’aquest any (no sabeu, alumnes, com motiva el vostre interès per saber més o per entendre el que s’us intenta explicar), he topat amb una sentència (Sentència de l’Audiència Provincial d’Alacant (Secció 9ª) 250/14 de 20/05/2014) que analitza dues qüestions importants pel que fa a aquest tipus de contractes d’assegurances:

1.- Si en el cas concret que coneix l’Audiència Provincial d’Alacant estem davant d’un autèntic contracte d’assegurança mixt (en què el risc assegurat és la supervivència, però també la mort de l’assegurat) o un contracte de dipòsit constituït amb la finalitat d’obtenir una rendibilitat fixa, sense cobrir cap risc. La discussió em sembla prou interessant per compartir-la en aquest espai. L’Audiència falla a favor de considerar que es tracta d’un contracte d’assegurança essencialment per la condició d’entitat asseguradora d’una de les parts contractants. Us deixo l’argumentació tot seguit:

TERCERO.- Calificación jurídica de los contratos litigiosos . El primer motivo del recurso de apelación plantea una cuestión jurídica. Sostiene la apelante que la Juez de Primera Instancia ha incurrido en un error de calificación al declarar probado que doña Rosalia suscribió cuatro contratos de seguro mixto con la compañía ASEVAL. Dichos contratos fueron, en realidad, depósitos constituidos con la finalidad de obtener una rentabilidad fija, ya que no cubren ningún tipo de riesgo. Ésta era la voluntad de las partes -señala la recurrente- al firmar las pólizas y la que debe prevalecer, ya que los contratos son lo que son, y no lo que las partes dicen que son. El motivo no puede prosperar. En realidad, poco se puede añadir a la fundamentación de la sentencia recurrida, que damos por reproducida. Basta con analizar las pólizas presentadas con el escrito de demanda para desechar la calificación jurídica propuesta en el recurso: 4 1º Los contratos se suscriben con ASEGURADORA VALENCIANA S. A., DE SEGUROS Y REASEGUROS (ASEVAL), compañía aseguradora que queda sometida a lo dispuesto por el Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados. El art. 4.1.a) de esta ley prohíbe a las compañías aseguradoras realizar operaciones que carezcan de base técnica actuarial. Es decir, difícilmente se podrá considerar que la intención de las partes fue celebrar una serie de contratos de depósito remunerados con una renta fija cuando una de ellas tenía prohibida la realización de este tipo de operaciones. 2º Tanto en las condiciones generales como en las condiciones particulares de las pólizas se hace referencia, en todo momento, a un contrato de seguro. Se identifica al tomador, al asegurado, a los beneficiarios, se describen las garantías cubiertas (renta mensual vitalicia y fallecimiento por cualquier causa, excepto suicidio en el primer año), se fija el importe de la prima y se acompaña a las mismas un cuestionario de salud (docs. 2 a 5 de la demanda, f. 36 a 51). Se trata, por tanto, de los elementos subjetivos y objetivos propios de un contrato de seguro. 3º No es cierto, como se afirma en el recurso, que falte en los contratos el elemento esencial del riesgo objeto de cobertura. Las pólizas aportadas a autos cubren dos riesgos de la asegurada: su muerte y su superviviencia. De hecho, en el apartado correspondiente a los beneficiarios se distinguen claramente los mismos. Así, en caso de supervivencia se fija como beneficiaria a la propia asegurada. Para el caso de fallecimiento se establecen distintos beneficiarios, dependiendo de cada póliza. En la primera, son sus tres hijos. En las tres pólizas restantes, se nombra únicamente a cada uno de ellos. Resulta evidente, por tanto, que nos encontramos ante un seguro de vida, según se define en el primer párrafo del art. 83 de la Ley de Contrato de Seguro (LCS ): “por el seguro de vida el asegurador se obliga, mediante el cobro de la prima estipulada y dentro de los límites establecidos en la Ley y en el contrato, a satisfacer al beneficiario un capital, una renta u otras prestaciones convenidas, en el caso de muerte o bien de supervivencia del asegurado, o de ambos eventos conjuntamente” . 4º La declaración de la testigo doña Noelia , directora de una sucursal de BANCAJA que emitió la certificación obrante al folio 30 de autos, no desvirtúa lo dicho. La recurrente realiza una interpretación sesgada e interesada de sus manifestaciones para tratar de justificar que los productos contratados eran productos financieros, y no contratos de seguro. Sin embargo, la declaración de la Sra. Noelia no fue clara en este sentido pues manifestó, entre otras cosas, que se trataba de algo parecido a un plazo fijo, pero que no lo era (min. 15:12 de la grabación). De hecho, llegó a reconocer su ignorancia en cuestiones de marcado perfil jurídico cuando fue inquirida al respecto ( “a tanto no llego” , dijo al ser preguntada sobre el rescate de las pólizas: min. 18:27). En todo caso, la naturaleza de los contratos no puede venir determinada por la declaración de esta testigo, sino por el contenido de los pactos consignados en las pólizas, que es elocuentemente definitorio de la existencia de varios seguros mixtos.

2.- La inclusió de les primes al cabdal relicte, al patrimoni hereditari, s’acabin considerant que el contracte objecte d’autos és d’assegurança o no. I sobre aquest punt s’invoca per part de l’Audiència el que ja ha establert el Tribunal Suprem:

CUARTO.- Integración de las primas en el patrimonio hereditario . Señala la apelante que aunque se califiquen los negocios jurídicos litigiosos como contratos de seguro, las primas satisfechas por la tomadora se integran en su patrimonio hereditario, pues así lo determina la STS de 14 de marzo de 2003 . Lo cierto es que la propia cita jurisprudencial empleada por la recurrente basta para desestimar este segundo motivo del recurso, ya que la restitución de las primas al patrimonio del tomador fallecido sólo se contempla por el Tribunal Supremo en caso de que hayan sido satisfechas en fraude de los derechos de los legitimarios, algo que no se ha alegado en el presente litigio y que, por tanto, ha quedado extramuros del debate procesal. En concreto, lo que señala la STS nº 243/2003, de 14 de marzo (rec. nº 4172/1999 ; Pte. Excmo. Sr. Villagómez Rodil) es lo siguiente: “la otra cuestión que plantea el motivo es la referente a si ha de considerarse integrada en la herencia la suma de trece millones de pesetas, correspondiente a seguro de vida que había concertado el causante -titular de la Libreta K-D- con la Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona. En el referido seguro figura como beneficiario su esposa doña Brigida , que fue la que percibió el capital asegurado. La Audiencia incluyó la referida suma en el dinerario a devolver, al estimar que respondía a una operación financiera de depósito para tener acceso a beneficios de tributación. Cualquiera que sean las ventajas fiscales obtenidas o pretendidas y el sistema tributario aplicable a determinados contratos, cuando revisten indudable condición de civiles o mercantiles no pueden resultar desnaturalizados, pues ha de respetarse la voluntad contractual de las partes y reglamentaciones que pactaron. Aquí estamos ante un contrato de seguro de vida sometido a la disciplina de la Ley 50/1980, de 5 de octubre, y hace aplicable el articulo 88 , que hay que relacionar con el 7, en cuanto preserva los 5 derechos de los beneficiarios, al disponer imperativamente que la prestación del asegurador deberá de ser entregada al designado beneficiario, el que dispone a su favor de un derecho propio y autónomo frente al asegurador, al ostentar el crédito condición de estar dotado de primacía. Este crédito del beneficiario se manifiesta prevalente y excluyente respecto a los herederos legítimos del tomador, ya que el referido artículo 88 establece que la prestación ha de serle satisfecha aún contra las reclamaciones de aquellos, a los que sólo les asiste el derecho al reembolso de las primas abonadas por el contratante en fraude de sus derechos. El beneficiario es distinto de los herederos, aunque puedan coincidir y las cantidades que como beneficiario del seguro ha de percibir son de su exclusiva propiedad, y así lo decía el artículo 428 derogado del Código de Comercio , por lo que no se integran en la herencia del causante y, consecuentemente, no responden de sus deudas” . Esta Audiencia Provincial de Alicante ha seguido el mismo criterio, como no podía ser de otra forma, en su sentencia (Sección 6ª) nº 158/2013, de 10 de abril (rollo nº 716/2012; Pte. Ilma. Sra. Caturla Juan): “en el presente caso es evidente, a la vista de las prestaciones garantizadas por el contrato referido, estamos ante un contrato mixto de renta vitalicia y seguro de vida, en el que el riesgo en el primero es “la vida” de la tomadora del seguro; y en el segundo el riesgo cubierto es “la muerte” de la tomadora del seguro , de forma que la indemnización o capital corresponde percibirla a quien el tomador designe como beneficiario, no a los designados herederos, como resulta de lo dispuesto en el art. 88 de la LCS al disponer que “la prestación del asegurador deberá ser entregada al beneficiario, en cumplimiento del contrato, aun contra las reclamaciones de los herederos legítimos y acreedores de cualquier clase del tomador del seguro. Unos y otros podrán, sin embargo, exigir al beneficiario el reembolso del importe de las primas abonadas por el contratante en fraude de sus derechos”. Como dice la SAP de Valladolid de 16 de julio de 2012 “viene considerándose por el sentir mayoritario de la doctrina científica y jurisprudencial, acerca de la atribución de las prestaciones por seguro de vida, en interpretación de lo prevenido en los arts 85 y 88 de la Ley de Contrato de seguro , Ley 50/80 de 8 de Octubre, las percepciones derivadas de tales prestaciones constituyen un derecho propio, derivado de una relación contractual inter vivos, “iure stipulationis”, que genera un derecho frente al asegurador ajeno al mecanismo de la sucesión hereditaria, estando protegido el beneficiario, con derecho propio e independiente, de todas las posibles reclamaciones de los herederos y acreedores del asegurado, nacido de la autónoma e independiente condición de beneficiario. Concepto diverso del de herederos, aunque puedan coincidir y las cantidades percibidas en tal concepto, son de su exclusiva propiedad por lo que no procede su ingreso en la herencia del causante ni responden de sus deudas ( Sentencias del Tribunal Supremo, Sala 1ª Civil de fecha de 14-3-03, y Sala de lo Social , de fecha de 1-12- 87)”. En consecuencia el importe de 18.000 €, como prima única satisfecha a la contratación, no puede formar parte “ab initio” del activo del caudal relicto, en tanto no se constate que perjudica los derechos legitimarios, pues el importe de la prima solo podrá tomarse en consideración a efectos de comprobar si perjudica la legítima, para en su caso proceder a la oportuna reducción.En el presente caso no solo no se ha practicado prueba dirigida a acreditar dicho perjuicio o fraude en la contratación, ni tan siquiera existe indicio racional de que su suscripción tuviese por objeto sustraer de la masa hereditariatal cantidad para defraudar los derechos legitimarios. En consecuencia, dicha suma no puede ser incluida, lo que conlleva la estimación del recurso planteado. En este mismo sentido se pronuncian las SAP de Valladolid de 16 de Julio de 2012 ya citada, SAP de Madrid de 26 de Octubre de 2012 ” .

 

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Pactes parasocials que prevalen als estatuts socials

L’Audiència Provincial de Barcelona se suma a la de Madrid a reconèixer la prevalença dels pactes parasocials en alguns casos quan aquells són signats per tots els socis.

Com a acords celebrats de forma privada entre tots o alguns dels socis d’una societat de capital que pretenen concretar o modificar certs aspectes de la regulació legal o estatutària de la societat de la qual participen, en les seves relacions internes, i, per tant, adoptats al marge dels estatuts socials, cal conèixer respecte d’aquests, quina força poden tenir per valorar la utilitat de la seva adopció en alguns casos.

Si bé la Sentència del Tribunal Suprem de 6 de març de 2009 va establir que aquests acords no eren oposables a la societat i que, per tant, no podien en cap cas al·legar-se per invalidar acords de Junta celebrats de conformitat amb el que estableixen els estatuts, la Sentència de la Audiència Provincial de Barcelona (Secció 15ª) de 25 de juliol de 2013, sense apartar-se d’aquesta doctrina jurisprudencial, entén que en certs casos aquesta ha d’aplicar-se en sentit invers per salvaguardar la bona fe i l’exercici dels drets conforme a aquesta.

Així, l’Audiència (com ja ho havia fet la de Madrid en Sentència de 16 de novembre de 2012) diu que tindran prevalença sobre el que estableixin els estatuts socials els pactes parasocials quan aquests hagin estat signats per tots els socis, els quals posteriorment en l’àmbit societari actuin o acordin en aplicació i compliment del mateix, no podent el soci signant impugnar l’actuació societària basada en aquest acord per no complir aquesta actuació amb els estatuts.

Així, en un àmbit societari plenament coincident amb el del pacte parasocial, integrats l’un i l’altre exactament per les mateixes persones, no es pot interpretar el diferent contingut dels estatuts respecte del pacte com una decisió de privar-lo d’eficàcia, i menys de deixar el seu compliment a l’arbitri d’un dels contractants, ja que el contrari suposaria un abús de dret.

Foto ArticlePublicat al número de març de 2016de la revista MÓN EMPRESARIAL, Món Dirigent, Decàleg d’Expert Legal.

Falsejament de la lliure competència en la prestació de serveis funeraris

El negoci de la mort, per al qual sempre hi haurà mercat, ja que tots i cadascun de nosaltres som éssers mortals, representa un sector molt llaminer per als seus diferents operadors, especialment per als que presten el servei funerari. Per aquest motiu, serà freqüent trobar-se amb què les companyies que s’hi dediquen portin a terme pràctiques anticompetitives per assegurar-se el negoci, sobretot després de la liberalització del sector.

Recentment s’ha conegut que l’Autoritat Catalana de la Competència ha condemnat l’Ajuntament de l’Hospitalet, els hospitals públics HUB i HGH, i la funerària Àltima per haver dut a terme una pràctica restrictiva de la competència que hauria estat realitzada per l’HUB (gestionat per l’ICS), l’HDR (gestionat per l’ICO) i l’HGH (gestionat pel CSI), ubicats al municipi de l’Hospitalet de Llobregat, i que ha tingut per efecte l’obstaculització de la competència en el mercat del trasllat de difunts esdevinguts en els centres hospitalaris esmentats.

L’expedient va iniciar-se quan SFE va presentar davant l’ACCO una denúncia contra l’empresa Àltima per una possible infracció de la Llei de Defensa de la Competència, concretament el seu article 1.1, que prohibeix tot “acord, decisió o recomanació col·lectiva, o pràctica concertada o conscientment paral·lela, que tingui per objecte, produeixi o pugui produir l’efecte d’impedir, restringir o falsejar la competència en tot o en part del mercat nacional”.

Resulta que a l’SFE, que presta els serveis funeraris principalment a la comarca de l’Alt Penedès, li va ser impossible recollir un difunt esdevingut a l’HUB (a l’Hospitalet) i traslladar-lo fins al seu lloc d’inhumació o cremació, perquè segons l’HUB l’única empresa funerària amb autorització de l’Ajuntament de l’Hospitalet per recollir difunts a l’HUB era SFH. Concretament la família del difunt havia autoritzat a SFE per a la prestació dels serveis funeraris, ja que l’últim domicili del difunt s’ubicava a Sant Sadurní d’Anoia i l’enterrament s’havia de realitzar a Sant Sadurní d’Anoia, municipi on té la seva seu SFE. Però com que el lloc de defunció havia estat l’HUB. Malgrat aquesta autorització del familiar del difrunt de l’HUB per part de SFE, el servei va ser prestat per SFH, prèvia nova autorització del mateix familiar del difunt a aquesta última empresa. SFE, tot i ser l’empresa funerària autoritzada per la família del difunt, va haver d’anar al tanatori gestionat per SFH posteriorment i finalment per recollir el difunt i poder prestar el servei funerari que li havia encomanat la família, havent de satisfer les factures emeses per SFH en concepte de: trasllat de l’HUB al dit tanatori, subministrament d’un fèretre de trasllat i certificats de defunció i impresos diversos.

Davant d’això, es va investigar que, pel que fa l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat va adjudicar en data 1 d’octubre de 1987 mitjançant concessió administrativa i després del concurs corresponent els serveis funeraris a Funerària de l’Hospitalet, SA (actualment Àltima). I tot i la desaparició de la reserva d’activitat en favor dels ens locals, avui dia la concessió de servei públic es troba vigent, de manera que l’Ajuntament, d’una banda, mitjançant ordenança municipal, aprova els preus públics dels serveis funeraris oferts per aquesta empresa al municipi i, de l’altra, de conformitat amb la concessió de referència, percep un cànon del 12 % de l’import dels serveis funeraris esmentats en el contracte de concessió.

Pel que fa a l’HUB i l’HGD, ambdós hospitals havien signat un conveni de col·laboració relacionat amb la recollida i enferetrament de difunts, el qual especificava que “Serveis Funeraris l’Hospitalet-Baix Llobregat, SL, és l’única empresa autoritzada per l’Ajuntament de l’Hospitalet en l’actualitat per a la prestació dels serveis funeraris […], en concret, la de recollida del difunt al centre hospitalari i el seu enferetrament”.

La resolució de l’ACCO, malgrat que es troba recorreguda per les sancionades, és totalment ajustada a Dret en considerar que les pràctiques dutes a terme per SFH, l’Ajuntament d’Hospitalet i els HUB i HDG són anticompetitives d’acord amb l’article 1.1 de la Llei de Defensa de la Competència. És innegable que entre aquestes entitats s’han establert acords que han suposat que la prestació dels serveis funeraris de la zona fossin assumits pràcticament de forma única per la SFH, impedint doncs l’existència de competència mitjançant l’assegurament del mercat i l’existència de barreres per accedir altres empreses a la prestació del servei.

Si voleu llegir els fonaments de Dret de la resolució, us deixo la deixo aquí. Valen la pena perquè són molt entenedors.

Estrenem 2015 amb novetats!

Aquest mes de gener m’estreno a la revista MÓN EMPRESARIAL, periòdicament dirigida a empresaris i dirigents.

Teniu aquí el sumari del nou número, on veureu que hi participo amb un article breu: “L’actual concurs de creditors i les execucions hipotecàries”, matèria sobre la qual he escrit en algun dels posts d’aquest blog.

Em fa il·lusió compartir-ho amb vosaltres i espero que, si us feu amb un exemplar, us agradi l’article. Amb posterioritat a la seva publicació, serà penjat al blog.

Aprofito per saludar-vos després de les festes, que espero que hagin provat bé; i alhora, per desitjar-vos tot el bo i millor per aquest 2015 que fa 9 dies que hem començat. Feliç any nou!

Gener 2015

El concurs de creditors i els préstecs hipotecaris

El Reial Decret-Llei 4/2014, de 7 de març modifica la Disposició Addicional 4ª de la Llei Concursal sobre Homologació d’Acords de Refinançament, amb caràcter retroactiu, rebaixant la força de les entitats bancàries que hagin concedit hipoteques per al finançament d’activitats mercantils en cas de concurs de creditors.

Com? Doncs permetent que mitjançant un acord de refinançament els crèdits amb garantia hipotecària es converteixin en altres alternatives financeres: préstecs participatius, obligacions convertibles; i fins i tot obligar a una espera de 10 anys. Això es permet per a acords de refinançament subscrits per entitats bancàries que tinguin crèdits contra la concursada que no estan garantits amb hipoteca (punt 3 d’aquesta disposició addicional 4ª) amb uns percentatges concrets en cada cas. Però el punt 4 d’aquesta disposició addicional 4ª permet que reforçant aquests percentatges, també es pugui adoptar l’acord de refinançament convertint el préstec hipotecari en un altre instrument financer.

Per tant, a la pregunta sobre què passa amb les hipoteques en el cas d’un concurs, ja no només hem de recórrer a la resposta: podran iniciar-se execucions judicials de béns que resultin necessaris per a la continuïtat de l’activitat professional o empresarial del deutor gravats amb garanties reals, però se suspendran amb la presentació de la resolució del secretari judicial quan consti ccomunicació d’inici de les negociacions d’acords de refinançament; sinó que a més es pot actuar sobre aquests crèdits a través d’aquests Acords de Refinançament.

Us deixo el text de la Disposició Addicional 4ª de la Llei Concursal tal i com queda redactada després de la reforma per part del Reial Decret-Llei 4/2014 de 7 de març que mencionava al principi. Per si enteneu el mateix que jo i us interessa veure amb més concreció com es pot actuar també, ja, amb els préstecs hipotecaris.

 “3. A los acreedores de pasivos financieros que no hayan suscrito el acuerdo de refinanciación o que hayan mostrado su disconformidad al mismo y cuyos créditos no gocen de garantía real o por la parte de los créditos que exceda del valor de la garantía real, se les extenderán, por la homologación judicial, los siguientes efectos acordados en el acuerdo de refinanciación: 

a) Si el acuerdo ha sido suscrito por acreedores que representen al menos el 60 por ciento del pasivo financiero, las esperas, ya sean de principal, de intereses o de cualquier otra cantidad adeudada, con un plazo no superior a cinco años, o la conversión de deuda en préstamos participativos durante el mismo plazo.

b) Si el acuerdo ha sido suscrito por acreedores que representen al menos el 75 por ciento del pasivo financiero, las siguientes medidas:

1.º Las esperas con un plazo de cinco años o más, pero en ningún caso superior a diez.

2.º Las quitas.

3.º La conversión de deuda en acciones o participaciones de la sociedad deudora. En este caso:

i) Los acreedores que no hayan suscrito el acuerdo de refinanciación o que hayan mostrado su disconformidad al mismo podrán optar por una quita equivalente al importe del nominal de las acciones o participaciones que les correspondería suscribir o asumir y, en su caso, de la correspondiente prima de emisión o de asunción. A falta de indicación expresa, se entenderá que los citados acreedores optan por la referida quita.

ii) El acuerdo de aumento de capital del deudor necesario para la capitalización de créditos deberá suscribirse por la mayoría prevista, respectivamente, para las sociedades de responsabilidad limitada y anónimas en los artículos 198 y 201.1 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio. A efectos del artículo 301.1 del citado texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se entenderá que los pasivos financieros son líquidos, están vencidos y son exigibles.

4.º La conversión de deuda en préstamos participativos por un plazo de cinco años o más, pero en ningún caso superior a diez, en obligaciones convertibles o préstamos subordinados, en préstamos con intereses capitalizables o en cualquier otro instrumento financiero de rango, vencimiento o características distintas de la deuda original.

5.º La cesión de bienes o derechos a los acreedores en pago de la totalidad o parte de la deuda.

4. A los acreedores de pasivos financieros que no hayan suscrito el acuerdo de refinanciación o que hayan mostrado su disconformidad al mismo, por la parte de su crédito que no exceda del valor de la garantía real, se extenderán, por la homologación judicial, los efectos señalados en el apartado anterior, siempre que uno o más de dichos efectos hayan sido acordados, con el alcance que se convenga, por las siguientes mayorías, calculadas en función de la proporción del valor de las garantías aceptantes sobre el valor total de las garantías otorgadas:

a) Del 65%, cuando se trate de las medidas previstas en la letra a) del apartado anterior.

b) Del 80%, cuando se trate de las medidas previstas en la letra b) del apartado anterior.”

Nous projectes

La setmana passada va ser una de les més excitants dels últims mesos a nivell professional. En dos dies començo a endinsar-me en dos móns que ja m’eren coneguts, però amb els quals mai no m’hi havia arribat a vincular tant.

Es tracta de dos àmbits que em permeten diversificar la meva carrera, l’un a través de la docència com a Professora Associada del Departament de Dret Mercantil de la Universitat de Barcelona; l’altre a través de la Secretaria del Comitè Executiu del Grup d’Advocats Joves de Terrassa.

Estic molt contenta i volia compartir-ho amb tots aquells que em seguiu a través d’aquest espai o de les xarxes socials.

Amb molta il·lusió inicio una nova etapa que de ben segur em donarà molt més del que jo pugui donar: aprendré, acumularé experiències i rebré molts i bons fruits.